El gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, pidió hoy a la Corte Suprema que decrete la inconstitucionalidad del mecanismo mediante el cual el gobierno nacional “exige el desistimiento de los juicios iniciados contra el Estado Nacional en el marco del Programa de desendeudamiento de las Provincias Argentinas”.

De la Sota, cuya provincia tiene pendiente un reclamo por devolución de impuestos justamente ante la Corte, se presentó nuevamente este mediodía ante el alto tribunal denunciando un “trato discriminatorio” en el sistema de renegociación de deudas de los estados provinciales con la Nación.

El mandatario cordobés reclamó que sea anulada la cláusula “mediante la cual se exige acordar el desistimiento de los juicios iniciados en contra del Estado Nacional” como llave para abrir el acceso a las políticas de desendeudamiento de las comprometidas economías provinciales.

Córdoba considera que “se violan en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales y que se la trata discriminatoriamente respecto de las otras provincias al obligarla a desistir de acciones judiciales contra el Estado Nacional”.

Esa exigencia a la provincia mediterránea derivó en que Córdoba “no sólo no formó parte de la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) realizada al 31 de diciembre de 2013, sino que automáticamente se afectó la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponde al pago de la deuda que mantiene con la Nación”, sostiene el escrito.

De la sota pidió una “medida cautelar” que ordene la suspensión de las retenciones que se le vienen efectuando a Córdoba en materia de Coparticipación durante el lapso de un año, lo que llevaría el parate hasta la asunción del próximo gobierno.